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Ponencia ante el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Comisión de Asuntos Internacionales y Federales
Presidida por el Hon. Senador José A. Ortíz Daliot

Por: Saúl Pérez, coordinador,
Coalición para la defensa de Santurce
el 5 de septiembre de 2003

Ante la situación de incertidumbre que están padeciendo los residentes de Santurce con relación al desahucio de sus casas, para arrebatarle sus tierras y cedérselas a un sector minoritario, para construir apartamentos que luego serán vendidos a los ricos que viven dentro y fuera del país, decimos no al plan de expropiación forzosa.

Este plan se inició desde la década del '60 y contó con la ayuda de los gobiernos de las diferentes épocas. el primer paso fue la instalación de los grandes centros comerciales alrededor de Santurce. Al unísono, el gobierno comenzó a desalojar a los residentes del Fanguito que estaban ubicados en la parada 24 abajo. En ese mismo orden de ideas, continuaron con la barriada conocida como Tokio que estaba ubicado en la parada 27 de hato rey, próximo a Plaza las Américas. Y para la década del '70, se instalaron los negocios de comida rápida que también le dieron un golpe muy rudo a los restaurantes que operaban en el sector, cuyos dueños y empleados eran puertorriqueños.

A esta maniobra se le tiene que agregar la mudanza de varias oficinas del gobierno que operaban en el sector en cuestión. Recordamos a obras públicas que estaba situada en la parada 22 en la avenida De Diego, la Autoridad de carreteras que funcionaba en la calle Del Parque en la parada 23 de Santurce. El flujo en la entrada y salida del público y empleados de estas oficinas garantizaban el fortalecimiento económico de los negocios del área de Santurce, como también el pago de grandes contribuciones al gobierno central y al de la capital.

Esta disposición, dirigida por el gobierno, creó una crisis en Santurce. por un lado los restaurantes de los puertorriqueños cerraban sus negocios porque no podían competir con las grandes cadenas de "fast food" y las tiendas de la avenida Ponce de León que representaban al comercio criollo, también cerraron sus puertas porque no podían competir con las mega-tiendas.

Ya creada la crisis por el propio gobierno en el sector de Santurce, para la década de los años '80 y '90 se procedió a crear leyes que reglamentaban a los ciudadanos y a los pequeños comerciantes que se resistieron a cerrar sus puertas. El municipio de San Juan, dirigido entonces por la honorable Sila María Calderón, impuso la ley de orden público (para este reglamento no se consultó al pueblo). Para el gobierno asegurar que esta disposición funcionara, utilizó varias agencias del gobierno central, entre éstas, el departamento de Hacienda, el departamento de Reglamentos y permisos (arpe), los bomberos, la policía de Puerto Rico y el departamento de Inmigración y naturalización de los Estados Unidos.

Estos departamentos y agencias fueron usados para las campañas o redadas realizadas en Santurce, en todos sus sectores exceptuando el Condado. Hacemos notar que en estas redadas nunca fueron visitados los negocios de comida rápida o "fast foods". Las incursiones de estos diferentes departamentos y agencias del gobierno en el área comercial de Santurce obedecía al supuesto cotejo de todos los reglamentos y papeles de permisos que requiere un negocio para operar de manera legal, pero lo que estaba oculto y que no se vio fue el hostigamiento a los residentes y comerciantes. Esta maniobra agudizó la crisis.

Ambos, el gobierno central y municipal, conciente o inconscientemente protegieron a los negocios de comida rápida y a las mega-tiendas iniciando también un plan para controlar el estacionamiento de los vehículos en las calles y avenidas de Santurce. Luego crearon "El cuerpo de ordenamiento del tránsito" (cot) cuya función era darle multas a los vehículos que se estacionaban en las calles de Santurce. De esta forma, se logró ahuyentar una gran parte de los clientes que visitaban a diario los negocios de Santurce.

El gobierno de la época argumentó que había que acabar con los arrabales, pero la verdadera razón de la existencia de este tipo de viviendas y estos barrios fueron los bajos salarios de la época y el alto costo en la vivienda y las tierras. Era muy difícil para una persona de escasos recursos construir o comprar una casa para su familia.

Entendemos que el gobierno acabó con los arrabales, pero la verdad de todo esto es que los verdaderos dueños de esta tierra, gente de escasos recursos, no volvieron a su lugar. Fue el sector privado que se benefició del desahucio de estos ciudadanos. En sus tierras se construyeron edificios con costos elevados que no estaban al alcance de estos humildes seres humanos.

Al finalizar queremos ser enfáticos en que el gobierno, está obligado a proteger a sus ciudadanos y en el día de hoy le estamos solicitando a esta honorable Comisión que no desampare a la gente de Santurce y sobre todo que no permita que la balanza se incline en favor de la gente que tiene dinero.

Nuestra recomendación a esta honorable Legislatura es que se inicie una verdadera revitalización de Santurce. Que a las familias o personas que quieran remodelar su hogar o negocio se les faciliten préstamos a intereses bajos para viabilizar el pago y que en el caso del fallecimiento del deudor, que la deuda sea condonada. que el departamento de la Vivienda o cualquier otra agencia del gobierno construya casas y edificios de apartamentos en los solares baldíos y los venda sin lucro a los trabajadores que prestan servicios en San Juan. Esto aplicaría a los trabajadores del sector público y privado. Que de igual manera habiliten los edificios que están abandonados y que sean vendido a bajo costo a los trabajadores. que los negocios que fueron removidos regresen a su lugar de origen y que sean vendidos a sus dueños el punto comercial aportando estos la misma cantidad que pagaban de renta para amortizar la deuda.

Finalmente solicitamos a esta honorable Camara a que cree la legislación que asegure la permanencia del hogar constituido en familia y que sea inviolable la paz y el entorno que constituye el hábitat de una persona. Además solicitamos que la Ley P. del S. 1271 sea ajustada a nuestra carta de derecho que es parte importante de la constitución de Puerto Rico para garantizar que los seres humanos que constituyen nuestro barrio nunca pasen por el proceso de expropiación forzosa.

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